La gobernadora de Veracruz asegura que los procesos contra los ediles de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste derivan de investigaciones de la Fiscalía por delitos graves, respondiendo a las acusaciones de Movimiento Ciudadano.
Rocío Nahle rechazó que el desafuero de dos alcaldes de Movimiento Ciudadano en Veracruz tenga tintes políticos. Aclaró que
enfrentan investigaciones de la Fiscalía por delitos de alto impacto, instándolos a defenderse ante la justicia.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, fue contundente este jueves al abordar uno de los temas más polémicos de la
semana. Descartó categóricamente que el reciente desafuero de dos presidentes municipales tenga motivaciones partidistas.
Los ediles involucrados son Raúl González, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo, de Úrsulo Galván. Ambos
perdieron su inmunidad constitucional tras una votación en el Congreso del Estado.
Esta decisión legislativa no fue un acto espontáneo. Responde a una solicitud formal de la Fiscalía General del Estado
(FGE), institución que integró sólidas carpetas de investigación en contra de los funcionarios.
Delitos de alto impacto bajo la lupa
¿De qué se les acusa exactamente? Las investigaciones ministeriales apuntan a delitos graves que han lastimado
profundamente a la sociedad veracruzana. No se trata de faltas administrativas, sino de crímenes de alto impacto.
En el caso del exalcalde de Ixhuatlán del Sureste, se le vincula con la privación ilegal de la libertad y el lamentable homicidio
de la comunicadora Roxana Guzmán, un hecho ocurrido en el municipio de Nanchital.
Por su parte, el exedil de Úrsulo Galván enfrenta señalamientos por la desaparición de dos personas. Las víctimas son el
empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López.
Ante la gravedad de estas acusaciones, Rocío Nahle insistió en que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna injerencia. “En
ningún momento es un tema político, ni de fracciones partidistas”, subrayó la mandataria estatal.
El choque con Movimiento Ciudadano
El caso tomó relevancia nacional cuando Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (partido al
que pertenecen los acusados), denunció una supuesta persecución política.
La respuesta de la gobernadora no se hizo esperar. Calificó al líder partidista como un “simulador profesional” y le exigió asumir
una postura responsable ante la gravedad de los delitos investigados.
Rocío Nahle recordó que, sin importar los colores partidistas, la ley debe aplicarse. Aseguró que si los alcaldes pertenecieran
a su propio partido, su postura sería exactamente la misma: exigir que enfrenten a la justicia.
Ahora, los exfuncionarios deberán presentarse ante los jueces correspondientes. Tendrán que utilizar a sus equipos
legales para desahogar pruebas y llevar su proceso conforme al sistema de justicia penal.
Puntos clave del proceso legal y político
Para entender mejor cómo se desarrollará este caso en los próximos días, aquí te presentamos los datos más relevantes:
Origen legal: La FGE es la única responsable de integrar las carpetas y solicitar el desafuero, basándose en pruebas periciales y testimoniales. Derecho a la defensa: Al perder el fuero, los exalcaldes no son declarados culpables automáticamente; ahora enfrentarán el juicio como cualquier ciudadano. Gobernabilidad garantizada: El Congreso del Estado llamará a los suplentes de la
misma fórmula política para asumir la titularidad de los ayuntamientos. Respeto al voto: La gobernadora aclaró que no se busca despojar a Movimiento Ciudadano de las alcaldías que ganaron en las urnas. Cero impunidad: El mensaje central del gobierno estatal es que no habrá protección para ningún funcionario implicado en delitos graves.
El futuro de los ayuntamientos afectados
Mientras los exalcaldes preparan su defensa legal, la vida pública en Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván debe continuar. La administración estatal garantizó que los servicios y la seguridad no se verán interrumpidos.
La transición hacia los alcaldes suplentes se realizará de manera ordenada y apegada a la Constitución. Esto asegura que la voluntad popular expresada en las elecciones siga siendo respetada.
La transparencia en este tipo de procesos es fundamental para mantener la confianzaciudadana. Las instituciones de procuración de justicia tienen ahora el reto de demostrar, con evidencias irrefutables, la culpabilidad de los señalados ante los tribunales.
Por otro lado, la sociedad civil y los colectivos de búsqueda han seguido de cerca estos casos. La resolución de los crímenes contra periodistas y empresarios es una deuda histórica que las autoridades buscan saldar con estas acciones contundentes.
La atención pública seguirá centrada en los juzgados, donde se definirá el futuro legal de los acusados. La exigencia ciudadana es clara: justicia transparente, sin tintes políticos y con estricto apego a derecho.
Fuente: Diario del Istmo
Rocío Nahle descarta persecución política en desafuero de alcaldes en Veracruz | Diario del Istmo