Presunción de inocencia para docentes
Enrique Yasser Pompeyo
En los últimos años, la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes ha ocupado un lugar central en la agenda pública, como debe ser.
Sin embargo, esa prioridad no puede significar que se vulneren otros derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y el debido proceso de quienes ejercen la docencia.
La iniciativa presentada por el diputado local José Reveriano Marín Hernández abre una discusión necesaria: ¿cómo proteger a las y los maestros de acusaciones falsas que, aun sin pruebas, pueden destruir una trayectoria profesional construida durante décadas?
La representante de la asociación civil Misión Magisterial, Miriam López Cruz, pone el acento en un aspecto que pocas veces se aborda.
Señala que la propuesta no pretende colocar a los docentes por encima de la ley ni impedir que se investiguen denuncias legítimas.
Lo que busca es otorgar mayor certeza jurídica frente a señalamientos que carecen de sustento.
Su planteamiento resulta razonable. Nadie debería ser condenado por la opinión pública antes de que existan elementos que acrediten una responsabilidad.
Una acusación falsa puede dejar cicatrices permanentes en la reputación de un maestro, afectar su estabilidad laboral y dañar irreversiblemente la confianza de la comunidad educativa.
Miriam López Cruz recuerda que el propio Código Penal ya sanciona a quien imputa falsamente un delito o fabrica pruebas contra otra persona.
La iniciativa, sostiene, fortalece esa protección para un sector que diariamente trabaja con la mayor responsabilidad: la formación de la niñez y la juventud veracruzana.
Pero quizá la reflexión más importante es la que propone sobre la vida escolar. Antes de acusar, señala, debe privilegiarse el diálogo y la investigación.
No se trata de minimizar denuncias ni de desalentar que se presenten cuando existan elementos; se trata de evitar que rumores, malentendidos o conflictos personales se conviertan en sentencias anticipadas.
También plantea que los reglamentos escolares sean construidos con la participación de docentes, madres y padres de familia, directivos y autoridades educativas. La corresponsabilidad fortalece la convivencia y genera reglas más legítimas para todos.
En Veracruz, donde laboran alrededor de 150 mil docentes en el sistema público, además de quienes trabajan en instituciones particulares, el debate merece darse con seriedad.
Proteger a los estudiantes y garantizar los derechos del magisterio no son objetivos incompatibles; por el contrario, uno depende del otro.
La justicia exige investigar con rigor, sancionar cuando existan pruebas y absolver cuando no las haya.
Ese principio debe aplicarse sin excepción. Porque defender a un maestro de una acusación infundada no significa encubrir conductas indebidas; significa defender el Estado de derecho.
Al final, la confianza en la escuela también se construye con instituciones que actúan con responsabilidad, equilibrio y respeto a los derechos de todas las personas involucradas.
Fuente: Hora Cero
Presunción de inocencia para docentes / Enrique Yasser Pompeyo – Hora Cero