La organización ambientalista Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (Pucarl) denunció públicamente a la empresa cafetalera “La Laja” por presuntamente realizar vertimientos directos de residuos industriales sobre el cauce del río Los Pescados, en el municipio de Tlaltetela.
De acuerdo con el colectivo, las descargas contaminantes no corresponden a un hecho aislado, sino a una práctica sistemática que la compañía ejecuta año tras año durante los periodos de procesamiento del grano, generando severas afectaciones al equilibrio ecológico de la cuenca del río La Antigua y poniendo en riesgo a las especies que habitan en esa zona central de la entidad.
A través de un video difundido en redes sociales, los activistas denunciaron la alteración en las condiciones del agua, evidenciando la presencia de desechos orgánicos y químicos derivados del beneficio del café.
La agrupación ambientalista enfatizó que el vertimiento de estos lixiviados degrada la calidad del cuerpo de agua, provocando la pérdida de biodiversidad acuática y vulnerando el entorno natural de las comunidades ribereñas que históricamente han dependido del afluente para el consumo, actividades productivas, así como el turismo de aventura y el descenso de ríos.
Ante la gravedad de los hechos, la organización hizo un llamado al gobierno, para que intervenga de manera directa e instruya la realización de inspecciones inmediatas en las instalaciones de la beneficiadora.
Asimismo, el colectivo emplazó al Ayuntamiento de Tlaltetela, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) y a los organismos reguladores del agua para que actúen en el ámbito de sus competencias y apliquen las sanciones correspondientes a la empresa señalada.
Los defensores del territorio recalcaron la urgencia de frenar la impunidad con la que operan diversos entes industriales en la región central de Veracruz. Sostuvieron que las autoridades ambientales deben garantizar el derecho de las poblaciones a habitar en un entorno limpio, saludable y sostenible, priorizando la salud pública y la conservación de las cuencas sobre los intereses económicos particulares de los corporativos agroindustriales.
Los integrantes de Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua confirmaron que, de manera paralela a la denuncia pública, se encuentran formalizando los expedientes legales para presentar las denuncias administrativas y penales correspondientes ante las fiscalías y dependencias ambientales competentes.
Fuente: Hora Cero