La Comisión Instructora alista los dictámenes y el Pleno votará si retira el fuero a los ediles Raúl González y Bertín Bravo
Los procesos de desafuero contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo
Galván, Bertín Bravo Montero, entrarán este lunes en su fase de resolución en el Congreso de Veracruz, donde
se prevé la presentación de los dictámenes y la convocatoria a una sesión extraordinaria.
La Diputación Permanente celebrará a las 13:00 horas la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional. Durante la jornada, la Comisión Permanente Instructora podría entregar los
dictámenes sobre las solicitudes promovidas por la Fiscalía General del Estado.
El Pleno de la LXVII Legislatura sería convocado para el miércoles 5 de agosto, cuando los 50 diputados deberán
resolver por separado si retiran el fuero constitucional a los dos presidentes municipales, ambos emanados de
Movimiento Ciudadano.
Cada dictamen deberá establecer si existen elementos para permitir que la Fiscalía proceda penalmente contra el
alcalde señalado o si la solicitud de declaración de procedencia debe ser rechazada. El desafuero requiere el voto de las
dos terceras partes de la Legislatura.
La Comisión Instructora está integrada por Facundo Fernández de la Cruz, presidente; Ramón Díaz Ávila, secretario, y
Felipe Pineda Barradas, vocal.
PRUEBAS Y ALEGATOS
El jueves 30 de julio, los legisladores realizaron las audiencias de pruebas y alegatos con la participación de
representantes de la Fiscalía, los alcaldes y sus defensores. Bravo Montero compareció por la mañana y González Martínez
por la tarde en la sala Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo.
Concluidas las audiencias, la Comisión quedó encargada de revisar las carpetas de investigación, los elementos aportados
por la Fiscalía y los argumentos de las defensas para elaborar un dictamen por cada procedimiento.
“El Congreso no establece si los servidores públicos son responsables”, señaló Fernández de la Cruz. Explicó que la
función de la Comisión se limita a determinar si las solicitudes deben someterse a votación del Pleno, pues la
responsabilidad penal corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales.
La Fiscalía presentó ambas solicitudes de declaración de procedencia el 7 de julio. Movimiento Ciudadano pidió que el
análisis se realice con respeto a la presunción de inocencia y advirtió sobre un posible uso parcial de las
investigaciones.
En el caso de Ixhuatlán del Sureste, González Martínez es investigado como presunto autor intelectual de la privación de
la libertad y el homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, originaria de Nanchital.
De acuerdo con la investigación expuesta ante el Congreso, el alcalde habría solicitado a un presunto integrante del grupo
delictivo denominado Grupo Sombra que privara de la libertad a Guzmán Ramírez, después de conocer que ella supuestamente
tenía una fotografía en la que él aparecía con un arma de fuego.
La defensa rechazó el señalamiento y sostuvo que la acusación se basa en la declaración de un testigo que no
presenció la supuesta conversación entre el alcalde y el presunto integrante de la organización delictiva. También afirmó que la
fotografía referida por la Fiscalía no se encuentra incorporada a la carpeta de investigación.
Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, es investigado por su presunta relación con la desaparición del empresario minero
Héctor Ramos Sánchez y de Ignacio López Torres, registrada el 14 de mayo de 2026.
Ambos fueron vistos por última vez después de acudir a un inmueble relacionado con el presidente municipal en Barra de
Chachalacas. La Fiscalía busca establecer qué ocurrió tras su llegada y si el edil tuvo participación en los hechos.
La defensa negó vínculos del alcalde con integrantes de organizaciones delictivas y sostuvo que los informes de telefonía
presentan diferencias en horarios y ubicaciones. También acusó a la Fiscalía de omitir información durante la integración del
expediente.
Si el Pleno aprueba alguno de los desafueros, el alcalde correspondiente perderá la protección constitucional y podrá
quedar sujeto al proceso penal. Si la solicitud no obtiene la mayoría requerida, conservará el fuero mientras permanezca en el cargo, sin que ello detenga las investigaciones.
Fuente: Imagen del Golfo